Hace casi cinco años, el pueblo mendocino movilizado en las calles y
rutas a lo largo de la provincia logró la aprobación de una ley central
en la historia de la provincia. A continuación el documento completo
suscripto por la Asamblea Popular por el Agua.
"Esta ley surgió de la lucha de las asambleas de vecinos
autoconvocados, de la movilización e indignación ante las
arbitrariedades del capital y sus gobernadores provinciales. Esta es la
ley que impidió que la Megaminera San Jorge destruyera Uspallata y que
más proyectos promovidos por la voracidad del lucro se sometan a las
exigencias de protección de nuestros bienes comunes.
"Desde entonces, los empresarios megamineros y sus aliados, entre
ellos los distintos gobiernos de turno, varios medios de comunicación,
algunos científicos, políticos y lobbistas locales, han intentado bajar
de distintas maneras esta ley del pueblo. Han tergiversado la realidad y
las noticias, y cuando no era posible, han mentido lisa y llanamente.
Han presentado proyectos legislativos para modificarla y lograron que
diversos funcionarios, intendentes, concejales y demás empleados a su
servicio salgan públicamente a defender lo indefendible. Ahora están
presionando al Poder Judicial mendocino para declarar inconstitucional
esta ley que nos protege en parte de la megaminería.
"¡Porque esta ley es una herramienta popular, vamos a defenderla!
"Esta ley también protege los lagos, cuencas y recursos hídricos de
toda Mendoza, puesto que: a) prohíbe el uso de sustancias químicas como
CIANURO, MERCURIO, ACIDO SULFÚRICO, y otras sustancias tóxicas similares
en la minería metalífera; b) establece que la DIA (declaración de
impacto ambiental) de cada proceso extractivo (cateos, prospección,
exploración, explotación o industrialización) deben ser ratificadas por
ley; c) permite mayor participación en los municipios en la evaluación
del impacto ambiental; y d) les exige a los emprendimientos con impacto
ambiental un seguro ambiental.
"Sabemos, como ya lo tiene claro gran parte del pueblo, que los
responsables en intentar bajar esta ley son los mismos. Detrás de las
bambalinas de los expedientes judiciales, el gobierno de Paco Pérez y
muchos legisladores y legisladoras cómplices están al acecho. Es que por
la vigilancia del pueblo, en la Legislatura se cuidan de dar el zarpazo
a la ley 7722, aunque hay varios proyectos para reducir el alcance y la
fuerza de la ley, que están esperando el momento para presentarse. Por
lo pronto, la pelotita pasó al Poder Judicial. En el terreno de la
justicia local, una asociación de profesionales de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) y un grupo de empresas relacionadas con la
megaminería han presentado hace un par de años acciones para declarar
inconstitucional la 7722.
"Hoy, esa presión se aplica a los jueces y los expedientes están
avanzando aceleradamente, ante la impaciencia de los capitales, por lo
que puede esperarse lo peor. Por ello exigimos, dada la importancia de
lo que está en juego, que la SUPREMA CORTE PROVINCIAL RATIFIQUE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7722 EN PLENO, es decir, que todos sus
miembros traten este asunto.
"Y ante la gravedad de los hechos, convocamos a todo el pueblo y
todas sus organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales a
participar de la MARCHA POR LA DEFENSA DE LA LEY 7722 el próximo martes
19 de junio. Concentramos desde las 10 horas en Costanera y Vicente
Zapata (nudo de costanera), marchamos hacia la Legislatura y concluimos
en los Tribunales para exigir se respete la constitucionalidad de esta
ley popular.
"Esta marcha es solo el inicio de un plan de lucha prolongado y
expansivo, en defensa de esta ley que como pueblo supimos conseguir. ¡No
vamos a permitir que la voracidad del capital megaminero y sus
cómplices locales destruya nuestro territorio ni a sus habitantes!
¡Daremos batalla!", concluye el documento suscripto por la Asamblea
Popular por el Agua.
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